Así quiere el Gobierno endurecer la jubilación anticipada para garantizar el sistema de pensiones
Aplazar la edad de jubilación, obligar a los beneficiarios a financiar cualquier anticipación de este plazo… Apoyado en instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Gobierno está decidido a impulsar medidas a corto y medio plazo con las que cuadrar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social (con un déficit de 18.000 millones de euros) con el aumento de la esperanza de vida y el poder adquisitivo de las pensiones.
Así lo trasladará a sindicatos y patronal la próxima semana en una convocatoria de la mesa de diálogo social en la que espera cerrar acuerdos que refuercen en un mes y medio una propuesta definitiva de reforma de todos los partidos desde el Congreso de los Diputados. En 2019, el gasto para financiar cerca de 10 millones de pensiones crecerá un 6,2%, hasta situarse en 153.864 millones de euros, un nuevo récord en este capítulo. Su peso sobre el total pasará del 40,9% de 2018 al 42,1% en 2019 y, al igual que en los dos últimos años, una parte deberá abonarse pidiendo créditos para no agotar el fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este año, el crédito ascenderá a 15.000 millones de euros o el 1,2% del PIB.
Para atajar la escalada, el Gobierno está dispuesto a impulsar, entre otras medidas, el retraso de un año la edad de jubilación efectiva de los trabajadores sin modificar la edad legal de retiro establecida a partir de 2027, en 67 años. El objetivo sería el retiro real a los 65,5 años. Así lo indicó el viernes Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.
Trabajo se sitúa de este modo al lado de la AIReF, que el pasado miércoles propuso al Gobierno, los legisladores y los agentes sociales una batería de medidas para hacer sostenible el sistema. Pero, para no pagar todo el desgaste político que supone cualquier endurecimiento en materia de pensiones, matiza que todo lo que se ponga en marcha debe contar con el acuerdo de partidos, sindicatos y patronal.
No será fácil. Podemos adelantó que no aceptará esta propuesta y advirtió de que si toma esta decisión se opondrán a ella. «Si el Gobierno toma esta decisión, nos va a tener enfrente y del lado de los pensionistas», adelantó ayer Yolanda Díaz, portavoz parlamentaria del partido en el Pacto de Toledo, la comisión del Congreso que debería aprobar medidas como esta. En el otro lado, el PP llamó a Granado a comparecer en el Congreso para explicar sus propuestas. «Creo que el Gobierno está haciendo demasiados anuncios, además muchos de ellos contradictorios, en el ámbito de las pensiones. Es una absoluta irresponsabilidad», criticó el portavoz Carlos Floriano.
A día de hoy la edad de jubilación efectiva en España es inferior a la legal, lo que eleva los gastos del sistema. Se sitúa en 62,7 años frente a una edad legal de 65 años. La AIReF prevé que la edad real de retiro alcance en 2027 los 64,5 años y ve posible llegar a un aumento de la edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal.
En todos estos aspectos coincide el Gobierno. En los cálculos recogidos en su informe de pensiones, la AIReF simula un aumento de un año en la edad efectiva, desde los 64,5 años en 2027 hasta 65,5 años en 2048 y estima que supondría una contención adicional del gasto en pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales en 2048.
Las fórmulas que se emplearán están por acordar pero parece que endurecer las condiciones para acceder a jubilaciones anticipadas con cargo a la Seguridad Social sería una de ellas. El Gobierno propondrá modificar los requisitos de acceso a la pensión con jubilaciones anticipadas cofinanciadas. Esta posibilidad estará abierta a aquellos colectivos que acuerden aplicar unas mayores cotizaciones como ha sido el caso del acuerdo suscrito el pasado diciembre por la Policía Local con la Seguridad Social.
En este acuerdo, vigente desde el pasado 1 de enero, la cotización de los agentes sube un 11% sobre la base y el coste corre en un 85% a cargo de los Ayuntamientos y en un 15% de los propios policías. La sostenibilidad de esos años queda a cargo de la institución y el beneficiario.
Antes de aprobar estas medidas, el Gobierno seguirá también las recomendaciones de la AIReF y propondrá cambiar la arquitectura del sistema, descargando de gastos recurrentes a la Seguridad Social.
«Se tendrá que adaptar a las conclusiones que salgan fruto del acuerdo del Pacto de Toledo, en donde previsiblemente, y hay muchas propuestas en este sentido, el Estado, el Gobierno de España, se tenga que hacer cargo de parte del déficit», explicó ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
De esta manera, añadió, «para el futuro, las cuentas de Seguridad Social, probablemente en vez de tener transferencias, lo que tengan es menos competencias para que sea el Estado quien las financie, como hace con las pensiones no contributivas o con las pensiones mínimas».
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