La Diputación Permanente aprueba los decretos sociales del Gobierno

La batería de medidas aprobada por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en las últimas semanas, los llamados “viernes sociales” celebrados desde el anuncio de convocatoria de comicios generales para el 28 de abril, le han valido al Gobierno acusaciones de “electoralista” desde los dos extremos de la bancada opositora e incluso la advertencia del Banco de España de que así frena la reducción del déficit. Esas críticas volvieron a sonar este miércoles en el Congreso de los Diputados, pero no evitaron que la Diputación Permanente acabara dando su visto bueno a todas las iniciativas planteadas por el Ejecutivo como “urgencias”.

Pese a la oposición frontal del PP, las reticencias de Ciudadanos y la frágil mayoría del bloque que apoyó la moción de censura que aupó a Sánchez al poder (rota por los independentistas catalanes cuando trató de impulsar los Presupuestos Generales de 2019), el grueso de los diputados dio un apoyo contundente a los seis reales decretos leyes sometidos a votación. Como resultado, definitivamente se amplía de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad; se rebaja de 55 a 52 años el acceso a la prestación para mayores desempleados; se extienden los contratos de alquiler de tres a cinco años; se establece un plan de contingencia contra un Brexit duro; se toman medidas de apoyo a la estiba y se habilita a ayuntamientos y regiones para reinvertir su superávit.

La victoria del Ejecutivo fue doble porque la Diputación Permanente no solo convalidó todas las medidas sino que rechazó tramitarlas como proyecto de ley, lo que hubiera permitido modificar el texto de los decretos.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, uno de los 60 parlamentarios –más los cinco miembros de la Mesa–que forman la Diputación Permanente en ausencia de las Cámaras, resumió el sentir general al declarar que no le gustaba ni votar dichas medidas en “este periodo” preelectoral, ni la fórmula del real decreto ley, ni la letra pequeña de algunas de ellos, pero que las apoyaba por “responsabilidad”.

La decisión del Ejecutivo de impulsar el paquete de medidas mencionadas mediante la figura del real decreto ley con las elecciones generales a la vuelta de la esquina fue ampliamente criticada por el resto de partidos, incluyendo a su principal socio parlamentario, Podemos. La votación, sin embargo, obligaba a las distintas fuerzas a retratarse en torno a una batería de medidas sociales con millones de beneficiarios en plena precampaña para las elecciones generales del 28A y menos de dos meses de las elecciones autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo. Una presión electoral que pareció surtir efecto y llevó a partidos como Ciudadanos a apoyar medidas, como la ampliación de los permisos de paternidad, que inicialmente se habían opuesto a tramitar siquiera.

Aparte de extender ya el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas y fijar la senda para equipararlo al de maternidad (a 16 semanas) en 2021, el decreto de “igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo”, impone a las empresas registros de sueldo por sexos; equipara la nulidad del despido de padres y madres o regula la cotización de los cuidadores de dependientes. Obtuvo 40 votos a favor y 25 en contra.

El de “medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral” rebaja de 55 a 52 años el acceso al subsidio de 430 euros al mes para mayores desempleados; impone un registro horario en las empresas, recupera el fondo de ayuda a inmigrantes e introduce medidas contra la pobreza infantil, el paro juvenil o el desempleo agrario. Logró 34 avales, 25 votos en contra y seis abstenciones.

El decreto en materia de vivienda y alquiler eleva de tres a cinco años la duración de los contratos; acota su alza al IPC; impulsa un índice oficial de arrendamientos y ofrece protección social en los casos de desahucio. Se aprobó por la mínima, con 33 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

A su vez, 40 diputados avalaron –contra 25– que los ayuntamientos y comunidades que cumplen sus obligaciones fiscales puedan reinvertir su superávit (ver despiece) o el plan contra el escenario de Brexit duro que ha ideado el Gobierno. El programa de ayuda al sector de la estiba tuvo 33 apoyos, 25 votos en contra y seis abstenciones.

Últimas leyes de la legislatura

Las medidas aprobadas son, salvo sorpresa, las últimas leyes de esta legislatura. La sesión de la Diputación Permanente, a su vez, ha sido la última para algunos diputados, que no repetirán en las listas electorales del próximo 28A.

El órgano, que conforma el Parlamento tras la disolución de las Cortes que impone la convocatoria de elecciones, está formado por seis decenas de parlamentarios y los cinco miembros de la mesa, con representación proporcional a la del Congreso de los Diputados. La componen 24 diputados del PP, 15 del PSOE, 12 DE Unidos Podemos, seis de Ciudadanos, dos de ERC, y cuatro del grupo mixto (PDeCAT, Compromís, Bildu y UPN). 

Autonomías y ayuntamientos podrán reinvertir su superávit

Cinco regiones. La Diputación Permanente avaló este miércoles el real decreto ley del pasado viernes que permite a las comunidades autónomas y ayuntamientos que cumplen con sus obligaciones fiscales reinvertir su superávit en inversiones financieramente sostenibles (como sanidad, obras o formación). Una medida similar a la que ya aprobó el Ejecutivo del PP en 2018 pero a la que este miércoles se opuso por el tiempo y forma en que se ha planteado. De confirmarse que han cumplido también con el límite al periodo de pago a proveedores, Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco podrán reinvertir este año 1.670 millones de euros. El año pasado, solo Canarias, Navarra y País Vasco pudieron hacerlo e invirtieron 161,2 millones. Aquel ejercicio, 1.232 municipios (como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, Salamanca o Santander) reinvirtieron 1.258 millones.

33 decretos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado impulsar más reales decretos antes del 28A. Con los de este miércoles ha aprobado 33 en 10 meses, todos los que ha impulsado salvo la primera versión del de alquiler, que tumbó Podemos.

publicado en cinco dias