La ley del teletrabajo acelera: el Gobierno baraja un real decreto este mismo mes dada la «urgencia»
Empresarios y sindicatos ven con buenos ojos lo acordado este martes: entre las novedades, ya no basta con un 20% de labores en remoto para considerarse teletrabajador, pues el baremo se ha elevado al 30%.
La negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para crear una nueva ley del teletrabajo se ha acelerado, hasta el punto de que, tras la reunión mantenida este martes, no hay una nueva fijada y tanto las patronales de empresarios como los sindicatos aguardan a revisar la redacción del nuevo texto elaborado por el equipo de Yolanda Díaz para darle un visto bueno definitivo. Apenas un par de meses antes de esta propuesta a priori satisfactoria, CEOE tachaba la propuesta elaborada por aquel entonces de «errática», «desequilibrada» y «apartada de la realidad». ¿Qué recoge este principio de pacto fraguado el primer día de septiembre?
El 30% del tiempo
Los empresarios no estaban conformes con que desempeñar el 20% de las jornadas laborales en modo remoto bastara para acogerse a la nueva legislación. Las patronales, CEOE y Cepyme, señalaban que existía un efecto día: al tratarse de la quinta parte, cualquier empleado que el viernes desarrollara sus funciones en el hogar ya sería un teletrabajador más, alguien a quien supervisar y a quien cubrir en determinados gastos. La nueva propuesta del equipo de Yolanda Díaz ha atendido esas reclamaciones y ha subido el límite al 30%, día y medio a la semana, un nuevo tope ante el que han cedido los CCOO y UGT.
La vigencia de los convenios se reduce a un año
Si bien los empresarios han logrado la modificación de ese tope, los representantes de los trabajadores han conseguido rebajar la vigencia transitoria de los convenios colectivos que contemplaran el teletrabajo ya antes del estallido de la pandemia del coronavirus. La nueva propuesta, aún por plasmarse por escrito, ha rebajado ese lapso desde los tres años hasta uno, con lo que las compañías no podrán explotar ese resquicio a largo plazo y un mayor número de empresas se acogerá próximamente a la nueva normativa.
Afrontar los gastos del día a día
Los empresarios tendrán que asumir los gastos de material necesario para el teletrabajo, por ejemplo portátiles para sus empleados. Otros suministros, como la electricidad, quedan pendientes de las negociaciones colectivas de cada compañía o de los acuerdos individuales que se suscriban. En encuentros anteriores, ya se borraron las catalogaciones de gastos directos e indirectos, y se ha acabado por establecer un marco; eso sí, algunos elementos parecen quedar claramente incluidos entre los gastos a asumir por las empresas, como es el caso de los ordenadores.
Carácter urgente ante el nuevo curso y los rebrotes
Los sindicatos creen que hay que poner en marcha esta nueva norma cuanto antes, al igual que el Gobierno, por lo que la ley podría tramitarse como real decreto este mismo mes de septiembre. «Somos conscientes de la urgencia que requiere esta legislación, dado que hay mucha gente trabajando desde su casa, así que llevaremos el asunto al Consejo de Ministros cuanto antes, creemos que este mismo mes de septiembre, y barajamos la posibilidad de la posibilidad del real decreto», explicaban ayer fuentes del Ministerio de Trabajo a EL MUNDO. «Desde marzo estamos sin una legislación clara al respecto», recordaba ayer a este diario Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas realidades del trabajo de CCOO.
Los agentes sociales esperan recibir el borrador del nuevo documento a lo largo de esta semana para revisar la redacción literal amparada por Joaquín Pérez, secretario de Estado de Trabajo y Economía social. La sintonía es tal que no hay contempladas más reuniones acerca del contenido de la ley, aunque se antoja inevitable algún encuentro de caracter técnico.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que el acuerdo «está cerca». A este respecto, Montero ha manifestado: «La necesidad muchas veces es virtud y las empresas y las administraciones públicas han dado pasos de gigante».
El limbo laboral de la administración pública
En el encuentro de este martes no se ha modificado el hecho de que la nueva normativa dejaría fuera al personal laboral de las Administraciones Públicas, que por lo pronto se seguirá rigiendo según el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, un limbo según la postura sindical; una cuestión a resolver ya a través del ramo de Función pública, según el punto de vista de Trabajo.
Contexto de los ERTE
El curso se ha reiniciado con negociaciones fundamentales para la actividad empresarial. Después de este martes, el viernes se encuentra en Palma de Mallorca nuevamente Gobierno y la llamada Comisión Tripartita, a fin de dirimir la prórroga de los ERTE más allá de la fecha señalada actualmente, el 30 de septiembre. El escudo de protección social ha llegado a proteger a 3,4 millones de trabajadores y, actualmente, aglutina a 620.000, según las cifras aportadas ayer por Montero.
Extraido de El Mundo
