Sánchez quiere quitar a las empresas el poder en los convenios

El Gobierno espera convencer a los independentistas catalanes y al PNV para obtener el respaldo parlamentario necesario. Descarta cambios en la contratación y en el despido colectivo.

El Gobierno pretende hacer un cambio importante en la reforma laboral, en lo que se refiere a la negociación colectiva. Y pretende hacerlo antes de las elecciones del 28 de abril. Incluso, apurando hasta el final la tramitación parlamentaria, aunque sólo esté la Diputación Permanente.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está preparando un Real Decreto en el que, entre otras cosas, quiere restaurar la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales. Por ejemplo, en la cuantía del salario base y de los complementos, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

Además, el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario, la distribución del tiempo de trabajo y el régimen de trabajo a turnos. También, la planificación anual de las vacaciones.

No es por tanto un «retoque» a la reforma laboral del Partido Popular, como dice la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sino un cambio sustancial en la negociación colectiva.

De hecho, el Gobierno del PP instauró la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial, en todos estos aspectos, y otros cambios en la negociación colectiva, para, entre otras cosas, buscar la moderación de los salarios, renovar los contenidos de los convenios y, por todo ello, facilitar la adaptación de las empresas a sus circunstancias concretas y a las de su mercado.

Hay que tener en cuenta que la reforma laboral es de 2012, en plena recesión económica, y el Gobierno quería evitar que la evolución de los salarios se desvinculase de la situación del mercado de trabajo. Por ejemplo, como se aprecia en el gráfico, en los primeros años de la crisis y recesión, entre 2007 y 2009 los salarios llegaron a crecer hasta un 3,6% o un 2,2% cuando se destruyeron hasta un millón de empleos. Un problema que llegó a destacar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no hizo más que una reforma laboral tímida.

Por esta razón, la restauración de la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa es uno de los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y rechaza la patronal CEOE.

Precisamente, en el Real Decreto que prepara el Gobierno para introducir cambios laborales importantes figuran otros puntos con los que también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y que también suscitan la oposición de la patronal CEOE. Según explicó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en el Congreso de los Diputados, otros cambios son los siguientes: la restauración de la ultraactividad de los convenios. Se trata de otra demanda de los sindicatos, que busca aumentar la protección de los trabajadores, haciendo que un convenio mantenga su vigencia, aunque haya caducado, mientras no sea sustituido por otro nuevo que sea fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

Además, el Gobierno quiere restaurar el registro obligatorio del tiempo de la jornada laboral en las empresas, bajo sanción para las incumplidoras. Se trata de luchar contra el fraude en la duración del contrato a tiempo parcial y en la utilización de las horas extraordinarias, y su abuso por parte de la empresa.

El Gobierno también quiere incluir como medida de urgencia la recuperación del subsidio especial para mayores de 52 años. El PP lo retrasó para los desempleados mayores de 55 años.

La intención del Ministerio de Trabajo es que la mayor parte de estas reformas puedan ser incluidas en un texto que está intentando pactar con los grupos parlamentarios de la izquierda, el PNV y con los independentistas del PDeCAT y de ERC. Bien es verdad que los nacionalistas catalanes quieren ver la propuesta final del Gobierno antes de tormar una decisión.

Un punto importante de este cambio normativo es también aumentar la protección de los trabajadores de las subcontratas que trabajan con otras más grandes en una obra o en la atención de un pedido. Se trata de cambiar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que lleva atascado en el Congreso de los Diputados desde 2016.

Como traca final de la legislatura, el Gobierno tiene dos Consejos de Ministros para intentar aprobar en ese paquete normativo medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y un plan para reformar la protección de los parados de larga duración, así como un Real Decreto para medir la representatividad de las organizaciones de autónomos. El Ejecutivo confía en poder aprobar estas medidas, aunque sea en la Diputación Permanente de Las Cortes. Por el contrario, el Gobierno ha descartado reducir el número de contratos a cuatro como el indefindo, el temporal o el de formación. Y también ha descartado restaurar mayor control de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos.

Publicado en expansión.com