COMITE ELECNOR SABADELL

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado para los días 26 y 27 de enero el VII Congreso Extraordinario para que la afiliación debata sobre aspectos que afectarán a la propia jornada de huelga, sobre sus contenidos y desarrollo práctico, soportes propagandísticos, comités de huelga y trabajos previos de preparación.

La organización anarcosindicalista ha expresado su sintonía con los argumentos propuestos por el Movimiento Feminista sobre la necesidad de convocar una Huelga General el próximo 8 de marzo de 2019, Día Mundial de la Mujer Trabajadora.

Dentro de los actos y actividades que se desarrollarán durante este Congreso Extraordinario, la CGT tiene prevista una concentración en la plaza de España de Mérida para el sábado 26 de enero, de 20’30 a 21’30 horas, para protestar contra las violencias machistas y reivindicar el derecho de las mujeres.

http://cgt.org.es/cgt-celebrara-el-vii-congreso-extraordinario-en-merida…

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

La lesión que sufre un empleado que se cae al salir del trabajo durante la pausa del café es accidente de trabajo, según reconoce el Tribunal Supremo en una sentencia, de 13 de diciembre de 2018.

La ponente, la magistrada Virolés Piñol, concluye que el trabajador se accidentó cuando salió de la empresa dirigiéndose a tomar un café dentro del tiempo legalmente previsto como de trabajo de 15 minutos por tratarse de jornada superior a seis horas, habitualmente empleado para ir a tomar café, como actividad habitual, social y normal en el mundo laboral, pero matiza que «el trabajo es la condición sin la cual no se hubiera producido el evento».

En este caso, considera la ponente, que «el nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era necesaria, y la utilización de los 15 minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total normalidad».

La sentencia del propio Tribunal Supremo de 27 de enero de 2014, con cita de la de 9 de mayo de 2006, establece que «la definición de accidente de trabajo contenida en el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), está «concebida en términos amplios y como presupuesto de carácter general, en el número 1 del precepto, debe ser entendida de conformidad con el resto del artículo y con otras normas que han venido a desbordar aquella concepción del accidente de trabajo».

Recuerda, asimismo, que la doctrina de esta Sala que ha interpretado y aplicado el artículo 115 de la LGSS, en sus distintos apartados, «es muy abundante y, aunque en todas las ocasiones ha resaltado la necesidad de que entre el trabajo y la lesión que sufra el trabajador sea apreciable un nexo de causalidad, afirmando en este sentido que no siempre el trabajo es la causa única y directa del accidente; pueden concurrir otras causas distintas, pero el nexo causal entre el trabajo y el accidente no debe estar ausente en ningún caso, como advierte la sentencia de 7 de marzo de 1987».

En el presente caso, asegura Virolés Piñol, es indudablemente aplicable la teoría de la ocasionalidad relevante, caracterizada tanto como por una circunstancia negativa y otra positiva. La primera es que los elementos generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo y la positiva es que o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido el evento.

La calificación de accidente de trabajo en este supuesto no distorsiona la doctrina establecida por la sentencia del TS de 6 de marzo de 2007, insistiendo en el referido aspecto positivo de necesaria vinculación con el trabajo o actividades normales de la vida laboral en «misión», concluye la magistrada.

noticia publicada en el economista

Habrá que esperar a la renta para aplicarse los 1.000 euros adicionales

Los niños menores de tres años tendrán que estar inscritos en guarderías
El nuevo ‘cheque guardería’: conoce los requisitos para aplicarte la deducción por maternidad ampliada

La declaración de la Renta de 2018 que se presentará en la primavera de 2019 incluye una importante novedad fiscal para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años escolarizados.

A la tradicional deducción por maternidad se une esta otra ampliada: un cheque guardería en el IRPF que permite deducir hasta 1.000 euros adicionales en su declaración de renta por gastos de escolarización de niños de hasta tres años de edad. Los niños tienen que estar inscritos en guarderías o centros de educación infantil.

Ese cambio normativo se incluyó en los Presupuestos de 2018 y está en vigor desde el 1 de enero del pasado año. En diciembre ha tenido su desarrollo reglamentario. En este documento se especificaron los requisitos que había que cumplirse para tener derecho a la misma.

En primer lugar, se determina la forma de cálculo de ese incremento, estableciéndose los meses a computar y el cálculo de los límites para su aplicación. Los meses a computar son aquellos en los que los gastos abonados se efectúen por mes completo. Incluso se podrán incluir los meses que se hayan pagado aunque éstos no tengan el carácter de lectivos.

Se permite la aplicación de este incremento en el ejercicio en el que el hijo cumpla 3 años, respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de los 3 años hasta el mes anterior en que pueda empezar el segundo ciclo de educación infantil. Por ejemplo, si el niño cumple tres años en mayo, se podrá aplicar hasta agosto puesto que en septiembre empezaría la nueva etapa educativa.
El incremento de la deducción tendrá como límite anual para cada hijo el menor de estos importes:

1. Las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades de carácter alternativo devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento, adopción… A efectos de este cálculo del límite, se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.

2. El importe anual total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centros educativo en relación con ese hijo, sea o no por meses completos. Matizándose que a efectos de determinar este importe se considerará tanto el importe pagado por la madre o el contribuyente con derecho al referido incremento, como el satisfecho por el otro progenitor, adoptante, tutor, guardador con fines de adopción o acogedor.

Este nuevo cheque guardería no se podrá cobrar anticipadamente, sino que habrá que esperar a presentar la Renta.
Mas control a las guarderías

Los asesores fiscales consideran que la nueva obligación de las guarderías, el modelo 233, ayudará a Hacienda a controlar el uso de esa nueva deducción ampliada de maternidad. Así podrán cruzar datos y ver si realmente quien se beneficie de ella está pagando el servicio de guarderías.

El plazo de presentación será durante el mes de enero de cada año en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior. Para el ejercicio 2018, las guarderías podrán presentarlo entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019.

Extraido de invertia

Modelo 233 agencia tributaria

Acabamos de enterarnos que los cuatro compañeros que pusieron demanda para que se les reconociera la categoria de oficial de primera han ganado el juicio, como sabemos que muchos de vosotros estabais esperando al resultado de este juicio, esperamos que pronto os animeis a poner otra tandada de denuncias, si quereis más información ya sabeis donde estamos

La AN admite como prueba un email «no recibido» en un caso laboral.
7-9 minutos

A la hora de comunicar o solicitar algo a la empresa, los trabajadores suelen preguntar y preguntarse si un email o correo electrónico enviado a la empresa sirve como «recibí». Es decir si un email sirve como prueba de que esa comunicación o solicitud fue efectuada y del día en que fue efectuada. Por ejemplo para comunicar una dimisión o baja voluntaria; para solicitar vacaciones, una reducción voluntaria de jornada o una excedencia; para comunicar un fin de contrato en periodo de prueba; etc. Pues bien, la AN (Audiencia Nacional) acaba de admitirlo en un caso concreto.

El argumento de la AN es que si el destinatario no recibió las comunicaciones que le fueron remitidas fue por causa imputable al destinatario puesto que fueron remitidas al correo electrónico que el propio destinatario facilitó al remitente. De lo que podría deducirse que lo mismo podría suceder en un caso similar.

Por ejemplo un trabajador que solicitara su reducción voluntaria de jornada por email, a la misma dirección de correo con la que se hubiera comunicado con la empresa en ocasiones anteriores y puede que hasta posteriores. O a la dirección de email que figurara en las nóminas, en las comunicaciones de la empresa, en su página web… Es decir que podría ser muy poco creíble que la empresa alegara que curiosamente no hubiera recibido el email de solicitud del trabajador si éste lo hubiera enviado a la misma dirección que se utilizara para otros temas, tanto en una como en otra dirección.

Esto no quiere decir que a partir de ahora exista algo así como una doctrina divina que diga que un email no abierto o no contestado sirva como prueba de comunicación en cualquier caso. La sentencia lo admitió en este caso concreto porque era el medio de comunicación que se había propuesto anteriormente por la parte que luego pretendía negar haberlo recibido. Por tanto, como en cualquier otro asunto, en otros casos sería el juez quien decidiera según las circunstancias particulares. No hay que olvidar que existe una alternativa gratuita y oficial al burofax, para los típicos casos en los que la empresa no quiere firmar una comunicación.

Una vez aclarado el caso general, que es el objetivo principal de este artículo, vamos a ver lo que sucedió en el caso particular de esta sentencia de la AN, porque es muchísimo más divertido. Españistán en estado puro. Que empiece el show:

Un sindicato pequeño tenía un trabajador en la comisión negociadora de un convenio de una empresa de seguridad. Se omite piadosamente el nombre de este sindicato, aunque figura en la sentencia. Este sindicato había comunicado a la empresa que podrían convocarles a las reuniones enviando un email a su secretario general «Eulalio». Eso hizo la empresa, es decir que envió un email al sindicato para convocarle a la 1ª reunión para negociar el convenio. Ese sindicato no se presentó a dicha 1ª reunión, que se celebró igualmente sin su presencia. Sucedió lo mismo en la 2ª, 3ª y 4ª reunión, tras la que se firmó el convenio.

Dos días después de la última reunión, ese mismo sindicato se quejó por escrito ante la empresa de que no les habían dejado participar en la negociación del convenio. Lo curioso es que el sindicato se quejó por email, porque como sindicato puede que sea pequeño, pero en otros aspectos es muy grande. No solo se quejó sino que ese sindicato presentó demanda de tutela de derechos fundamentales contra la empresa y contra los otros sindicatos que sí que participaron en la negociación. Es decir que ese sindicato alegaba que se había vulnerado su derecho fundamental a la negociación colectiva y pedía una indemnización de 25.000€ por daños morales para el sindicato. Curiosamente, ese sindicato no presentó demanda de impugnación del convenio. Es decir que ganar la demanda solo hubiera servido para que ese sindicato hubiera cobrado esos 25.000€, pero el convenio hubiera seguido en vigor exactamente igual.

En este punto hay que recordar que en la demanda de tutela de derechos fundamentales se puede pedir una indemnización de daños y perjuicios aparte de las otras cantidades de dinero a las que pudiera tener derecho el demandante. Ese tipo de demanda también puede presentarse por ejemplo cuando despiden a una trabajadora por quedarse embarazada, para que además de que el despido fuera nulo y fuera readmitida cobrando salarios de tramitación, también cobrara esa indemnización de daños y perjuicios. O cuando un trabajador denuncia a la empresa y ésta le represalia cambiándole el turno, trasladándole o sancionándole. Por ejemplo, no es lo mismo una demanda «normal» de impugnación de un cambio de horario que una demanda por la misma razón pero de tutela de derechos fundamentales. No es lo mismo porque en la 1ª habitualmente solo consigues que te devuelvan el horario, pero en la 2ª puedes conseguir también esa indemnización. ¿Acabas de pensar que en tu caso se pudo demandar de esa forma pero no se hizo? Pues pregúntale a quien te llevó el caso por qué no lo hizo. ¿No sabía ni que se podía? ¿Sabía que se podía pero no sabía cómo hacerlo? ¿Sabía que se podía y cómo hacerlo pero era más trabajo porque no le servían sus modelos prefabricados de demanda? Quién sabe.

El fiscal alegó en su informe que aquí no había habido ninguna discriminación sino «desconcierto organizativo» de ese sindicato. Qué grande también el fiscal. Ese sindicato también se quejó de que los emails se los habían enviado en fin de semana. Queja ante la que el fiscal informó de que «sorprende que un sindicato que trabaja en seguridad se quede incomunicado en fin de semana desatendiendo a sus afiliados». Si es que no se sabe quién es más grande, si el fiscal o ese sindicato. Quizá lo sean los dos pero por razones diferentes.

Ese sindicato alegó también que era «inadmisible que se les cite a las 20:00 de la noche del martes 5 de diciembre para una reunión a celebrar el jueves siguiente, 7 de diciembre, siendo festivo el día anterior, miércoles 6, coincidente con el puente de la Constitución». Más grandes puede que los haya, pero pocos: Maradona, Federer, Camarón sentao en la silla, Cristo resucitado…

Como era de esperar, ese sindicato perdió la demanda. No solo la perdió sino que además les impusieron la multa de temeridad, cosa que no sucede todos los días, porque no solo habían demandado a la empresa sino que también habían codemandado a los otros sindicatos. ¿Por qué los habían codemandado? Pues por nada y precisamente por eso les pusieron la multa de temeridad.

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Publicado en laboro

Aplazar la edad de jubilación, obligar a los beneficiarios a financiar cualquier anticipación de este plazo… Apoyado en instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Gobierno está decidido a impulsar medidas a corto y medio plazo con las que cuadrar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social (con un déficit de 18.000 millones de euros) con el aumento de la esperanza de vida y el poder adquisitivo de las pensiones.

Así lo trasladará a sindicatos y patronal la próxima semana en una convocatoria de la mesa de diálogo social en la que espera cerrar acuerdos que refuercen en un mes y medio una propuesta definitiva de reforma de todos los partidos desde el Congreso de los Diputados. En 2019, el gasto para financiar cerca de 10 millones de pensiones crecerá un 6,2%, hasta situarse en 153.864 millones de euros, un nuevo récord en este capítulo. Su peso sobre el total pasará del 40,9% de 2018 al 42,1% en 2019 y, al igual que en los dos últimos años, una parte deberá abonarse pidiendo créditos para no agotar el fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este año, el crédito ascenderá a 15.000 millones de euros o el 1,2% del PIB.

Para atajar la escalada, el Gobierno está dispuesto a impulsar, entre otras medidas, el retraso de un año la edad de jubilación efectiva de los trabajadores sin modificar la edad legal de retiro establecida a partir de 2027, en 67 años. El objetivo sería el retiro real a los 65,5 años. Así lo indicó el viernes Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.

Trabajo se sitúa de este modo al lado de la AIReF, que el pasado miércoles propuso al Gobierno, los legisladores y los agentes sociales una batería de medidas para hacer sostenible el sistema. Pero, para no pagar todo el desgaste político que supone cualquier endurecimiento en materia de pensiones, matiza que todo lo que se ponga en marcha debe contar con el acuerdo de partidos, sindicatos y patronal.

No será fácil. Podemos adelantó que no aceptará esta propuesta y advirtió de que si toma esta decisión se opondrán a ella. «Si el Gobierno toma esta decisión, nos va a tener enfrente y del lado de los pensionistas», adelantó ayer Yolanda Díaz, portavoz parlamentaria del partido en el Pacto de Toledo, la comisión del Congreso que debería aprobar medidas como esta. En el otro lado, el PP llamó a Granado a comparecer en el Congreso para explicar sus propuestas. «Creo que el Gobierno está haciendo demasiados anuncios, además muchos de ellos contradictorios, en el ámbito de las pensiones. Es una absoluta irresponsabilidad», criticó el portavoz Carlos Floriano.

A día de hoy la edad de jubilación efectiva en España es inferior a la legal, lo que eleva los gastos del sistema. Se sitúa en 62,7 años frente a una edad legal de 65 años. La AIReF prevé que la edad real de retiro alcance en 2027 los 64,5 años y ve posible llegar a un aumento de la edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal.

En todos estos aspectos coincide el Gobierno. En los cálculos recogidos en su informe de pensiones, la AIReF simula un aumento de un año en la edad efectiva, desde los 64,5 años en 2027 hasta 65,5 años en 2048 y estima que supondría una contención adicional del gasto en pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales en 2048.

Las fórmulas que se emplearán están por acordar pero parece que endurecer las condiciones para acceder a jubilaciones anticipadas con cargo a la Seguridad Social sería una de ellas. El Gobierno propondrá modificar los requisitos de acceso a la pensión con jubilaciones anticipadas cofinanciadas. Esta posibilidad estará abierta a aquellos colectivos que acuerden aplicar unas mayores cotizaciones como ha sido el caso del acuerdo suscrito el pasado diciembre por la Policía Local con la Seguridad Social.

En este acuerdo, vigente desde el pasado 1 de enero, la cotización de los agentes sube un 11% sobre la base y el coste corre en un 85% a cargo de los Ayuntamientos y en un 15% de los propios policías. La sostenibilidad de esos años queda a cargo de la institución y el beneficiario.

Antes de aprobar estas medidas, el Gobierno seguirá también las recomendaciones de la AIReF y propondrá cambiar la arquitectura del sistema, descargando de gastos recurrentes a la Seguridad Social.

«Se tendrá que adaptar a las conclusiones que salgan fruto del acuerdo del Pacto de Toledo, en donde previsiblemente, y hay muchas propuestas en este sentido, el Estado, el Gobierno de España, se tenga que hacer cargo de parte del déficit», explicó ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

De esta manera, añadió, «para el futuro, las cuentas de Seguridad Social, probablemente en vez de tener transferencias, lo que tengan es menos competencias para que sea el Estado quien las financie, como hace con las pensiones no contributivas o con las pensiones mínimas».

Noticia extraída de el mundo